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28-06-2012

Golpe a la democracia, victoria del stronismo

Por Daniel Cassol

Asunción, 1º de Mayo de 2009. Las manifestaciones por el Día Internacional del Trabajo terminan frente a una clínica privada, donde está alojado, desde la madrugada, Augusto Montanaro, ministro del Interior y acusado de ser responsable de las torturas y desapariciones durante la dictadura de Alfredo Stroessner, recién llegado de Honduras, donde estaba refugiado. Hay enfrentamiento con la tropa de choque de la Policía Nacional. No faltan, para este reportero que fotografiaba el acto, algunos golpes de un policía, incluso anunciando a gritos que era periodista. Cuando la situación se calma, uno de los manifestantes pinta en una pared de la clínica: “sanatorio stronista”.

Calificar una clínica privada como “stronista” no es quizá un arrebato exagerado de un manifestante, sino un ejemplo de las cicatrices que la dictadura de 35 años dejó en la sociedad paraguaya. El stronismo está vivo e impregnado en instituciones como el Poder Judicial y la Policía, controladas durante seis décadas por el Partido Colorado, heredero de una de sus principales tradiciones: el desprecio por la democracia.

Fue dentro del Partido Colorado que, en 1999, se gestó una tentativa de golpe de Estado, en el episodio que es conocido como el Marzo Paraguayo, la crisis generada por el asesinato del vicepresidente Luis Maria Argañas y por las evidencias de que, detrás de todo, estaba el general Lino Oviedo, que tres años antes había intentado un golpe por primera vez. Liberado de la prisión por el presidente Raúl Cubas Grado, su allegado político, Oviedo estaría tramando para llegar a la presidencia. Los paraguayos salieron a las calles para evitar el retorno de la dictadura militar. Siete jóvenes murieron en las protestas, probablemente blancos de los francotiradores de élite apostados en edificios del centro de Asunción, de la misma forma de lo que sucedió en la noche del último viernes. Cubas acabaría renunciando a la presidencia. Oviedo, actualmente, es líder del UNACE, partido derechista que ayudó a impulsar el “juicio político” contra Lugo.

La fragilidad de la democracia paraguaya, la tradición antidemocrática del Partido Colorado y la disposición a la resistencia de los movimientos sociales del país están sintetizadas en el juicio sumario al que fue sometido el presidente Fernando Lugo el viernes (22). Eso demuestra la limitación de los análisis legalistas: hablar que el proceso respetó la Constitución del país es ignorar el contexto político paraguayo y las circunstancias que llevaron a este golpe a la democracia. También indica que la crisis está lejos de concluir: la comunidad internacional puede no intervenir y el sistema político interno se puede estabilizar, pero los movimientos sociales paraguayos – especialmente los campesinos – sufrirán en carne propia el retorno de las oligarquías al poder formal.

Alianza para el cambio

“Obispo de los pobres”, partidario de la Teología de la Liberación y actuando junto a los movimientos campesinos del departamento de San Pedro, Fernando Lugo apareció como alternativa política en Paraguay principalmente a partir de 2006, cuando pasó a liderar el movimiento Resistencia Ciudadana. Al amparo de las transformaciones políticas en América del Sur, consiguió poner fin a seis décadas de dominio del Partido Colorado, siendo elegido presidente en abril de 2008. Pero incluso un gobierno mínimamente reformista como el de Lugo no tuvo tranquilidad en medio a un sistema político controlado por las oligarquías. Y las tentativas de golpe comenzaron ya en los primeros meses.

Algunos medios de Paraguay señalan que los colorados u otros parlamentarios derechistas en 24 ocasiones intentaron aprobar el pedido de “juicio político” contra el presidente Lugo. No puedo decir si fueron tantos, pero en los seis meses en que viví en Asunción, en 2009, me acuerdo de dos. Los motivos eran absolutamente prosaicos. Cuando surgió la información de que Lugo tenía un hijo no reconocido, una senadora ingresó un pedido de impeachment en el Congreso. Enseguida, la realización de un encuentro de jóvenes de movimientos sociales en un cuartel del Ejército generó una nueva tentativa. Era de conocimiento general, inclusive de la embajada de Estados Unidos en Asunción, que desde 2009 se tramaba un golpe contra Lugo, como muestran los cables diplomáticos publicadas por Wikileaks.

En la misma época, el presidente Manuel Zelaya era destituido en Honduras, llevando a los partidos de izquierda y a los movimientos paraguayos a protestar contra la amenaza a la democracia en el continente. Se hablaba en la época sobre el riesgo de que se repita en Paraguay la misma experiencia hondureña.

Todas esas tentativas, sin embargo, fueron frenadas en el Congreso con ayuda del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), un partido conservador y adversario histórico de los colorados que fue fundamental en la elección de Lugo, ya que ingresó en la amplia “Alianza para el Cambio” con el candidato a la vicepresidencia Federico Franco. Pero el PLRA nunca fue un aliado confiable de Fernando Lugo, aunque algunos de sus líderes se hayan mostrado leales al presidente. Con las distancias del caso, era el PMDB de Lugo. En todas las ocasiones que la oposición amenazaba con el enjuiciamiento, Federico Franco decía palabras más, palabras menos, que estaba listo para asumir la Presidencia, actuando como un factor más de la inestabilidad al interior del gobierno.

Un gobierno frágil en un país de oligarcas

Lugo también tiene responsabilidad por haber hecho un gobierno tímido, ambiguo y con poca habilidad política para lidiar con la oposición y con su heterogénea alianza. Desde la izquierda, era criticado por las “malas compañías”, por sus políticas controvertidas, por su sumisión a los intereses de Estados Unidos – Lugo era un visitante asiduo de la embajada norteamericana – y por retardar cuestiones urgentes como la reforma agraria.

Es preciso decir, sin embargo, que aún reformas simples fueron frenadas por el Congreso, hegemonizado por el Partido Colorado. La élite paraguaya, acostumbrada a los privilegios, jamás toleró siquiera la más mínima política de corte social. Atrasada y truculenta, usaba el miedo al chavismo como justificación para la histeria, con apoyo de un considerable sector de la prensa, liderado por el reaccionario, controvertido y espantoso periódico ABC Color.

Lugo no consiguió crear un impuesto sobre la renta personal, cuya inexistencia perpetúa la desigualdad y los privilegios de las élites locales. En la cuestión agraria, cualquier intento de recuperar las llamadas “tierras mal habidas”, repartidas ilegalmente a grandes propietarios durante la dictadura Stroessner, generaba una nueva onda de desestabilización, que tenía en los grandes productores de soja uno de los principales promotores.

Los sojeros, entre ellos muchos brasileños, detentan el poder económico y político en Paraguay. Datos de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), una entidad del agronegocio, indican que el área plantada de soja pasó de 1,2 millón de hectáreas en el 2000 a casi 3 millones de hectáreas en 2012, concentradas en la frontera con Brasil. El pequeño país es el cuarto mayor exportador de soja en el mundo. Cerca de 80% de las áreas cultivables del país están controladas por el 2% de la población.

Dotado de gran poder, este sector, apoyado por las multinacionales de semillas e insumos químicos, siempre presionó, por ejemplo, por la flexibilización de las leyes ambientales y por la liberación de los cultivos transgénicos y de los agrotóxicos pesados. Siempre tuvo a la Policía Nacional y el Ejército paraguayo bajo su mando. La concentración de tierras y la pobreza en el campo son grandes factores de tensión, pero para los grandes productores Lugo era quien estaba incitando a los movimientos campesinos.

Mecha para el golpe

Una tragedia originada en una disputa de tierras supuestamente mal habidas en la localidad de Curuguaty, próxima a la frontera con Brasil, en una propiedad de Blas Riquelme, ex-presidente del Partido Colorado, fue la mecha que encendió la llama para el enjuiciamiento de Lugo. Hay una gran sospecha de un montaje que provocó la violencia, que terminó con la muerte de 11 campesinos y seis policías. No es posible todavía afirmar nada, pero se puede decir que la tensión en el campo fue explotada por los sectores que desde el comienzo del gobierno de Lugo intentaron derrocarlo. Y que de la Unión de Gremios Productores (UGP), el gremio de los sindicatos de productores rurales de Paraguay, partió la orden para el “juicio político”.

El principal articulador de la estrategia oposicionista fue Horácio Cartes, líder de un movimiento interno del Partido Colorado, pre-candidato a las elecciones presidenciales del próximo año y señalado por Estados Unidos de tener conexiones con el narcotráfico, segun reveló Wikileaks. Frente a la crisis, el PLRA decidió romper públicamente con Lugo por los cambios realizados por el presidente en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional. Pero está claro que primó más el oportunismo del PLRA, que finalmente llegó a la presidencia con ayuda de los colorados.

El enjuiciamiento fue aprobado y sacramentado con rapidez impresionante. De la noche a la mañana, la élite paraguaya consiguió llevar a cabo lo que siempre fue su obsesión. Queda claro, por lo tanto, que la masacre en Curuguaty fue el pretexto que faltaba para que la derecha paraguaya recuperara la conducción de la administración pública, a cualquier precio, como es de su costumbre.

No considerar este contexto es ignorar la gravedad de lo que aconteció en Paraguay.

Pero las reglas son reglas y la clase política paraguaya quiere hacer creer, con ayuda de muchos analistas políticos, que hubo respeto a las reglas del juego democrático en el enjuiciamiento a Lugo. Tal argumentación no resiste cinco minutos de argumentación.

Las acusaciones contra Lugo llevadas al Congreso se basaron fundamentalmente en deducciones y opiniones políticas. El uso de un cuartel del Ejército para un acto político de jóvenes entró en la lista de acusaciones. Lugo también fue acusado de incitar a la violencia en el campo, a causa de sus relaciones democráticas con los movimientos sociales. Los parlamentarios llegaron a afirmar que no era necesario presentar ningún tipo de prueba, porque los hechos eran de pública notoriedad. Sin presentar siquiera una prueba, dijeron que Lugo tiene conexiones con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una supuesta guerrilla de extrema izquierda.

En relación a la masacre en Curuguaty, las evidencias no apuntan a la responsabilidad del presidente Lugo. Vale resaltar que el pedido de desalojo de la hacienda fue ordenado por el Ministerio Público y acatado por la Justicia. De cualquier modo, había una investigación en curso y lo correcto era esperar sus resultados. Lugo también nombró una comisión para investigar el caso (Federico Franco canceló esa investigación especial cuando se posesionó).

El Congreso no esperó y, en poco más de un día, condenó a Lugo en un rito sumario, sin derecho a la amplia defensa. Sobre la elección legítima de Lugo no hay ningún tipo de sospecha, pero no se puede decir lo mismo sobre su destitución.

Un retroceso de décadas

Es difícil prever lo que acontecerá de aquí hacia delante. Los movimientos sociales paraguayos seguirán protestando en Asunción. En el interior, movimientos campesinos anuncian manifestaciones, mientras Lugo, tras un discurso desmovilizador, creó un gabinete paralelo para acompañar al nuevo gobierno. La reacción de la comunidad internacional se resume, de momento, en condenas públicas y en la suspensión de Paraguay del Mercosur. La esperanza de los golpistas y el temor de quien defiende la democracia en Paraguay es que la normalidad en el país llegue tan rápidamente como fue el golpe, así como sucedió en Honduras, con el tema pasando al olvido.

Será un retroceso de décadas. Paraguay aún vivía su transición a la democracia y la elección de Lugo era un paso importante en la consolidación del proceso democrático. Pero este proceso fue abortado por los mismos sectores que ya habían atentado contra la frágil democracia paraguaya en los últimos años. Hay colorados y oviedistas en el nuevo gabinete de Federico Franco. El stronismo recupera la administración, ya que nunca perdió poder.

La Policía Nacional y el Ejército estarán completamente libres nuevamente, ya bajo el mando directo de sus comandantes de facto. Los líderes sociales seguramente sufrirán persecución política y agresiones, especialmente en el campo. Paraguay, que incluso con el ambiguo gobierno de Lugo experimentaba algo de consolidación democrática, va a convivir más de una vez con un gobierno de oligarcas.

Y la experiencia iniciada en Honduras y validada en Paraguay bien puede replicarse en otro país. (Traducción ALAI)

P.-S.

El artículo forma parte de la compilación Junto a Paraguay ¡América Latina Resiste! FEDAEPS, Quito, 2012. Tomado de http://alainet.org/active/56042&amp...


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